CETRAA y la Agencia Tributaria abordan el problema de los talleres ilegales

La patronal ha incidido en las pérdidas, unos 3.500 millones de euros desde 2012, que los clandestinos provocan en el sector.

CETRAA y la Agencia Tributaria

 

 

CETRAA, Confederación Española de Talleres, ha mantenido un encuentro con representantes del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT para tratar el problema del intrusismo profesional y el incremento de talleres ilegales, debido a las graves consecuencias que tiene para las instalaciones legalmente establecidas.

Durante la reunión, a la que han asistido Guillermo Moreno, vicepresidente segundo y responsable de la Comisión de Intrusismo de CETRAA, y Ana Ávila, secretaria general, en representación de la patronal, se ha profundizado en las graves consecuencias que conlleva esta situación a nivel económico. Moreno ha señalado que “desde 2012 estas actividades clandestinas han generado en e sector unas pérdidas valoradas en 3.500 millones de euros con la evidente repercusión en la merma de ingresos para la Hacienda Pública y la Tesorería de la Seguridad Social”.

También, se pusieron sobre la mesa las estimaciones que apuntan a que aproximadamente el 20% de los 46.000 talleres que operan en España es ilegal, es decir, más de 9.000, lo que supone que uno de cada cinco es ilegal. Moreno ha explicado que la incidencia que tiene la competencia desleal en la actividad del taller “ha caído más de un 20% debido a que en muchos casos aboca a talleres legales al cierre porque no pueden competir, ya que se estima que los precios que aplican estos talleres ilegales son de media un 30% inferior”. “Cabe destacar que no pagan impuestos, ni cotizaciones sociales, ni aplican el 21% del IVA y por lo tanto, no lo ingresan en el erario público”, ha añadido.

La patronal, además, hizo hincapié una vez más en que este panorama impide el derecho del usuario a la garantía de la reparación, provoca riesgos para la seguridad vial por la dudosa calidad de las reparaciones y de los materiales y recambios utilizados, pone en peligro el medioambiente al desconocerse el destino de los residuos tóxicos que genera este tipo de establecimientos y, por supuesto, desemboca en un fraude fiscal.

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